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Corte Penal Internacional del TPI a la CPI: enseñanzas varias

por Claude Jorda   /   publicado en El Nuevo Diario

La Corte Penal Internacional (CPI) se hizo realidad el 1 de julio de 2002 en lo que fue un acontecimiento de gran importancia, pues concreta un viejo sueño de la Humanidad. Ahora, solo el futuro dirá si esta institución sin precedentes logrará responder a las inmensas esperanzas que en ella se han depositado. Por el momento, solo sabemos que arrastra la pesada lacra de no haber sido ratificada, y por lo tanto, reconocida, por una gran mayoría de Estados entre los que figuran algunos de los más poderosos del planeta. De modo que, para convencer a estos últimos, esta jurisdicción deberá demostrar rápidamente lo que vale. De ahí la importancia que tiene para ella saber aprender de la experiencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), encargado de juzgar a los presuntos criminales de guerra para la Antigua Yugoslavia.

A pesar de las lacras que lastraban su existencia, en apenas ocho años, el TPI ha logrado cumplir con una parte considerable de la misión que le encomendó el Consejo de Seguridad, ya hablemos del número de personas juzgadas o de su rango. La joven CPI debe analizar las causas de este éxito, lo cierto es que inesperado, para poder plantar cara a los retos que se le presentan y que tienen mucho de la especificidad del proceso internacional que yo resumiría de la siguiente manera: paradójicamente, esta justicia debe hacer más que su homóloga nacional, pero con menos poderes.

En efecto, lo que se le pide es, nada más y nada menos, que hacer retroceder la impunidad y prevenir así la reincidencia de los crímenes masivos, aclarar la historia y abrir la vía hacia la reconciliación nacional. Pero, al mismo tiempo, no podemos más que observar que la labor del juez se complica de manera singular: la dimensión internacional del conflicto, el carácter masivo de los crímenes, la dificultad que supone recopilar, desde un territorio lejano, pruebas a menudo ocultas por los dirigentes políticos todavía en el poder, el miedo a declarar de las víctimas y la falta de cooperación, no solo de los Estados directamente en cuestión sino también en ocasiones de terceros Estados que, a menudo, gozan de una buena reputación: todos estos elementos no solo juegan contra el imperativo de celeridad sino también contra la emergencia de la verdad judicial e histórica.

En primer lugar, la Corte deberá probar su eficacia definiendo para ello una política penal, lo que supone que haya un guía en el proceso y colaboración por parte de los Estados. No hay que cuestionar sino atenuar la elección de un procedimiento más acusatorio que inquisitorio que, en efecto, deja al juez singularmente desamparado para guiar el proceso judicial. En este tipo de procedimientos, ampliamente en manos de las partes, la experiencia ha demostrado que la verdad de los hechos y las preocupaciones de protección del orden público internacional quedan relegadas a un segundo plazo en un singular combate judicial entre la Acusación y la Defensa en el que las víctimas se convierten en meros testigos puramente utilitarios.

Una de las claves de la eficacia del TPIY consistió en confiar al juez mayores poderes de iniciativa. Al crear una Cámara Preliminar, verdadera instancia de instrucción, el Estatuto de la Corte parece seguir esta vía. Aun así, sería conveniente que la cultura de los jueces, independientemente del sistema jurídico del que provengan, los lleve a utilizar sus poderes pues, de no ser así, las mismas causas producirán los mismos efectos: lentitud de los procesos, prolongación de las detenciones y escasa facilidad de comprensión de la acción del Tribunal.

La experiencia del TPI ha puesto de manifiesto el riesgo de anegamiento que existe cuando se pretenden remontar con paciencia todas las cadenas de mando políticas o militares acusando primero a los ejecutores y luego a los niveles intermediarios antes de alcanzar a los más altos responsables.

El Tribunal acaba prácticamente asfixiado con una acción de este tipo justamente en el momento en que debe abordar los procesos más importantes, aquellos que son indiscutiblemente competencia suya. El TPI ha trabajado mucho por definir reglas para proteger tanto la fuente de información como a los testigos «sensibles», buscando el equilibrio entre la razón de Estado y los derechos del acusado. El Estatuto de la Corte se ha inspirado ampliamente en esas reglas.

A continuación, la CPI deberá encontrar su lugar con relación a los sistemas judiciales nacionales. Me gustaría recordar que el Tribunal Penal recibió un mandato con primacía de competencia sobre las jurisdicciones nacionales, lo que resulta muy vinculante para los Estados de la Región. Por su parte, la CPI solo tiene una competencia subsidiaria respecto a las jurisdicciones nacionales, algo de lo que, personalmente, me congratulo.

A mi juicio, se puede sacar un partido muy positivo de ese importante papel que se atribuye a los Estados en el Estatuto de la Corte. En efecto, con el paso de los años, se ha observado que era indispensable «reasociar» a las jurisdicciones locales a los juicios de algunos presuntos responsables de los crímenes cometidos. No obstante, la empresa resulta singularmente compleja: incluso varios años después del fin oficial de los conflictos, incluso en países que han accedido a la plena democracia, el tejido judicial mal reconstruido sigue siendo frágil.

La experiencia nos ha enseñado que la voluntad expresa de los Estados a juzgar sus propios asuntos suele ser inversamente proporcional a su capacidad (incluso deseo) de hacerlo. Tras mucho tantear, el Tribunal ha logrado establecer una línea de conducta que le permite cumplir con la misión encomendada por el Consejo de Seguridad a la vez que favorece la reconciliación nacional en los Balcanes. La Corte tendrá más problemas para encontrar este equilibrio, dado que los Estados serán preponderantes y que su poder de vinculación será menor: ni dispondrá del imperium que le confiere una resolución vinculante del Consejo de Seguridad, ni del respaldo, al menos formal, de la comunidad internacional, ya que solo una parte de los Estados de la comunidad son parte del Estatuto.

Aun más que el Tribunal, la Corte no solo deberá controlar que los Estados son capaces de juzgar solos sino que también tendrá que contribuir a restaurar el tejido judicial local. Y eso le supondrá a la Corte un constante esfuerzo de explicación de su papel y de su acción, un acompañamiento judicial en términos de cooperación técnica (en particular, formación) y una acción de estímulo a todas las formas extrajudiciales de reconciliación. Más allá de la regla que les baila el agua (algunos dirán que demasiado) a los Estados, la Corte deberá guardarse muy mucho de dar la imagen de ser una simple Cámara de grabación de la voluntad de los Estados de «juzgar lo suyo» o, incluso algo peor, de ser un cordero con piel de lobo.

Por último, la labor más delicada de la justicia internacional será encontrar la justa medida entre el carácter absoluto de una misión universal y su inserción, necesariamente relativa, en el contexto de un país que trata de reconstruirse y de un pueblo que trata de reconciliarse consigo mismo.

La política también se inmiscuye con todo su cortejo de ambigüedades que, entre otras cosas, se manifiestan por la falta de disposición de algunos jueces a asumir ese papel o el sutil papel de las nuevas autoridades en el terreno, poco inclinadas a desvelar sus secretos. La difícil coexistencia entre un proceso de negociación política llevado a cabo legítimamente por la comunidad internacional y, por otro lado, un proceso judicial iniciado de manera no menos legítima por el Fiscal, es la característica de una justicia internacional que no reclama ser la justicia de los vencedores. De ahí el difícil equilibrio que hay que encontrar entre el realismo político y el ideal de justicia: lo queramos o no, la justicia internacional debe hacerse a su vecino político.

Ahora bien, es cierto que la acción del Fiscal de la Corte estará mucho más definida, en particular, por el Consejo de Seguridad. Hay quien lo lamenta. Yo no. La sociedad internacional es y seguirá siendo por encima de todo, una sociedad de Estados soberanos y el respeto de esa soberanía es el precio a pagar para promover cualquier mecanismo institucional internacional y, con mayor razón, cualquier proceso judicial. Ahora bien, la figura del Fiscal no deberá aparecer ni como el exaltado guardián de equilibrios políticos que no son de su competencia ni como el intransigente censor de un orden mundial X. A este respecto, al Estatuto de la Corte, más restrictivo incluso que el del TPI, hay que reconocerle el mérito de la claridad. Define mejor los papeles del ámbito político y del ámbito judicial.

El siglo que ahora comienza ve aparecer una doble tendencia: una mayor protección de los derechos humanos, por la multiplicación de órganos judiciales y, por otro lado, un repliegue hacia cierta forma de nacionalismo judicial que empuja a los Estados a ver con profunda desconfianza las incursiones de cualquier órgano que pueda asemejarse a un gobierno de los jueces. La Corte Penal Internacional agrupa, sin ninguna duda, esta doble tendencia. Es en este mocarabe jurídico y político donde la Corte deberá dar sus primeras muestras de valía.

En un contexto diferente, la acción del TPI ha permitido que se impusiera progresivamente la idea de que ninguna solución política de un conflicto, de que ninguna reconciliación nacional, son posibles sin que se haga justicia a las víctimas. La tenacidad y competencia de los jueces ha contribuido a ello en gran medida. El TPI ha demostrado que es posible una auténtica justicia penal internacional. Ahora, la CPI debe proseguir la vía trazada apartándose de la tentación de ejercer un magisterio universal cualquiera para el cual no tiene ningún mandato, y de un repliegue pasivo que frustraría a aquellos que esperan ver la impunidad vencida.

Presidente del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY)

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